La fuerza de la república (Segunda parte)
Auge, caída y supervivencia (?) del bussismo en democracia
Hace unos días publicamos la primera parte de la “Fuerza de la republica”. Allí señalabamos que, si en el origen las “leyes de impunidad” generaron la condición de posibilidad de Bussi de reinventarse (y ser exitoso) en democracia, lo que le siguió fue una reversión al alfonsinismo originario.
Primer revés: el rechazo en Diputados
A pesar de que 1999 fue de los peores años en las elecciones para diputados nacionales desde la fundación de Fuerza Republicana hasta las elecciones de 2005 (cuando el radicalismo recupero su posición como segunda fuerza), Fuerza Republicana logró el quinto escaño para la cámara baja, a través de la lista encabezada por Antonio Bussi.
Esta victoria parcial, que otorgaba una banca (y los fueros necesarios para protegerse por investigaciones sobre cuentas millonarias en el exterior) al alma mater del bussismo, se vio opacada rápidamente.
Por iniciativa de miembros de la cámara de Diputados se presentaron proyectos que tenían como objetivo impedir que Bussi asumiera la banca. Estos proyectos tenían matices entre sí pero, como señalan crónicas de la época, “en lo que todos coinciden es en que para que Bussi no sea diputado es necesario voluntad política para impedirlo”. Aunque los tiempos institucionales jugaban en contra del armado político necesario para llevar adelante la estrategia, los diputados lograron su cometido: Bussi no pudo asumir la banca.
La decisión de los legisladores fue fundada en base al artículo 64 de la Constitución Nacional, la cual establece que la Cámara baja es “juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros”.
Tomando como antecedente la exclusión de Luís Luque (diputado por la Provincia de Catamarca implicado con el caso María Soledad Morales), y apoyándose en la reivindicación de Bussi del terrorismo de Estado, sus imputaciones por secuestro de menores, la denuncia de responsabilidad en la desaparición de centenares de personas, y los mencionados casos de corrupción –ya como Gobernador de la Provincia-, lograron que no asumiera.
Al justificar la decisión de los miembros de la cámara baja de rechazar el diploma del ex gobernador de facto, los diputados sostuvieron que “los antecedentes antidemocráticos y opuestos a los principios de la Constitución, como así también su conducta, lo hacen (a Bussi) indigno de estar en este cuerpo”.
Si bien esta disposición de los legisladores, como bien analiza Gustavo Arballo, fue revisada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2007, la cual dictaminó que este procedimiento no se sujetaba a derecho, la causa ya había devenido abstracta. Al respecto Eugenio Zaffaroni, ministro de la corte, explica que “el caso Bussi se cierra por abstracto, eso lo pidió el Congreso. Lo que se agrega es un mensaje de naturaleza institucional. En “obiter”, que es un comentario marginal, se señala que es opinión de la mayoría de esta Corte que el Congreso no puede rechazar los diplomas de los legisladores electos fuera de las hipótesis taxativamente enunciadas en la Constitución. Venimos de largas proscripciones y desencuentros desde 1930 hasta 1983. Proscripciones no sólo de minorías sino de mayorías. Lo que decimos es <por favor, no toquen el hacha>”. Pero…“la política” había logrado su objetivo: impedir que Bussi asumiera su banca. Este primer freno, de carácter político, sería una priemra señal de la tendencia jurídica posterior.
Múltiples elecciones y la reversión en 2003
Jorge Battaglino (2011) señala, al describir el “modelo de calidad institucional”, que el kirchnerismo a partir del año 2003 “volvió a colocar en el centro de la escena política (…)” la búsqueda de justicia y el impulso de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura
Si bien existieron distintas iniciativas que iban en esa dirección, además del rechazo del diploma por parte de la Cámara de Diputados, la anulación de las “leyes de perdón” y los dictámenes de la Corte Suprema sobre inconstitucionalidad de las mismas fueron pasos centrales en el posterior desarrollo y gestión de política de derechos humanos, y la posterior trayectoria del bussismo.
Esta re activación de la juridicidad, que había comenzado y luego fuera “suspendida” durante el gobierno de Alfonsín, creemos es en buena medida causa de la declinación de Fuerza Republicana, como veremos a continuación.
Elecciones
Las elecciones provinciales de abril de 2003, donde Ricardo Bussi se presentaba para el cargo de Gobernador, significaron un sismo para Fuerza Republicana, hasta entonces segunda fuerza política en la provincia. El partido vio reducida en dos tercios su representación parlamentaria y resultó tercero en la elección para el Poder Ejecutivo, detrás del triunfante José Alperovich (PJ) y de una gran alianza entre la UCR, ARI, Recrear y otros sectores. Consecuentemente, el Poder Legislativo estaba constituido por una mayoría justicialista y una altamente fragmentada oposición.
Una primer hipótesis es descripta por Gerardo Adrogué (1993) quien sostiene que esta declinación de Fuerza Republicana se debe a que “el electorado de FR muestra un elevado nivel de estructuración política en torno de la figura de Bussi (…) la principal razón del voto es el propio Bussi”.
Esta imagen, sin embargo, se matiza al analizar las otras elecciones que se dieron ese año en la provincia, analizadas en detalle por Virginia Oliveros (2004):
A) Dos meses después, tras los magros resultados en las elecciones provinciales, Antonio Bussi fue quien encabezo la elección para Intendente de la capital provincial. El ex gobernador enfrentó para el cargo a Gerónimo Vargas Aignase (PJ), hijo del Senador provincial desaparecido el 24 de marzo de 1976, siendo Bussi el representante de la dictadura en la provincia.
“La intendencia de Tucumán, luego del escrutinio definitivo y días de incertidumbre, quedó finalmente en manos de Antonio Bussi por solamente 16 votos (ambos obtuvieron alrededor del 31% de los votos)” (Oliveros, 2004, p.270).
Segunda caída
Sin embargo, la alegría no duraría demasiado. El juez Federal en Tucumán, Jorge Parache, dictó la prisión preventiva de los dictadores Luciano Benjamín Menéndez (quien permanecería en Córdoba, donde estaba procesado por otras causas) y de Antonio Domingo Bussi. El proceso se inició por el pedido de reapertura de la causa -tras la anulación de las leyes— que iniciara el hermano del mencionado desaparecido Guillermo Vargas Aignasse, quien además era tío de Carolina, la concejala que también lleva su apellido, quién debió quedar a cargo del municipio provisoriamente.
Bussi no pudo asumir nuevamente un cargo que había conseguido en las urnas porque se lo acusaba de la desaparición del ex senador provincial por el peronismo Guillermo Vargas Aignasse. Victorioso (por escaso margen) frente al hijo de su víctima, tuvo que ser reemplazado en la toma de posesión de la Municipalidad por la sobrina del mismo.
B) Oliveros (2004), en su análisis de las elecciones del año 2003, relata como la última de las elecciones que se celebraron en el año fueron influenciadas por las de la intendencia y la detención y procesamiento del líder de Fuerza Republicana.
“Fuerza Republicana fue la gran sorpresa al imponerse cómodamente con el 29,75% de los votos para diputados y 33,79% para senadores nacionales (…) Con estos resultados obtuvo las dos bancas por la mayoría para la cámara alta — encabezada por Ricardo Bussi, quien había sido derrotado en las elecciones para el ejecutivo provincial- y dos de los cinco escaños de Diputados”.
Virginia Oliveros — “Entre lemas y neolemas: las elecciones de 2003 en la provincia de Tucumán”.
El impedimento a Bussi de asumir la intendencia tras la detención por su procesamiento fue parte central de la campaña, en linea con el argumento de Adrogué: “El domingo se juega nuestra dignidad como pueblo. Podemos librarnos de Miranda y reivindicar con el triunfo de FR a Antonio Bussi, el intendente electo por los tucumanos y encarcelado por los políticos”, sostenía el primer candidato a Senador, Ricardo Bussi.
Declive y supervivencia (?)
Más allá de la victoria en esas últimas elecciones de 2003, queda claro que a partir de allí -ya con Antonio Bussi detenido-, la performance posterior de Fuerza Republicana mostró resultados muy inferiores.
A pesar de todo, el partido en el que ya existían muchas tensiones internas, fugas de dirigentes a otras fuerzas, y disputas por la conducción, sobrevivió. Quizás los números de las últimas elecciones para Diputado Nacional lo pueden ilustrar: aunque no consiguió una de las cinco bancas que se repartían para el Congreso Nacional, Fuerza Republicana volvió a mostrarse como una de las tres fuerzas más importantes de la Provincia. Aunque no con los números que conseguía una década antes (llegando al 30% de los votos positivos para la categoría), obtuvo más de 70mil votos que cosechó significaron el 8,2% de los votos.
A lo largo de estos artículos tratamos de esclarecer cuáles fueron algunas de las condiciones necesarias que permitieron que Bussi lograra construir una fuerza republicana. Creemos que el proceso político que fue delineando la “cuestión militar” permitió que el ex gobernador de facto, ya retirado del Ejército, pudiera “reinventarse” en democracia: Antonio Bussi, en primera persona, fue electo como: (a) Diputado provincial en 1987; (b) Diputado nacional en 1993; (c) Gobernador en 1995; (d) Diputado Nacional en 1999 y (e) Intendente de San Miguel de Tucumán en 2003. Su partido logró otras tantas victorias, y al día de hoy sigue vigente (obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones con casi el 8% de los votos).
El inicial impulso del gobierno de Alfonsín procuraba poner bajo un marco jurídico el nuevo relacionamiento que habría de regir las relaciones político-militares. La promoción para la creación de la CONADEP, el juicio a las Juntas, y la gran variedad de medidas “que afectaron directamente el poder organizacional y a autonomía de las Fuerzas Aramdas” (Battaglino, 2010), tuvo su contrapeso en la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que pusieron en suspenso los procesos judiciales que implicaban a Bussi otorgándole no solo la libertad, sino la posibilidad de ser candidato en elecciones democráticas.
Como señalan los autores acá citados, Argentina es un ejemplo en su política de derechos humanos y de revisión del pasado. Se cumplieron 30 años en los cuales la tendencia fue la búsqueda de, como señala la consigna popular, “memoria, verdad y justicia”.
“la democracia ha alcanzado importantes conquistas en el plano de las relaciones político militares. A pesar de logros y retrocesos que hemos analizado, la subordinación militar es indiscutida y se ha avanzado en la implementación de un extendido y sólido control civil democrático”.
Jorge Battaglino — “La Argentina desde 1983: desmilitarización del sistema político”
Aunque existieron iniciativas por revertir los pasos hacia atrás que habían significado las “leyes de impunidad” — como el rechazo del diploma de Diputado y la derogación de las leyes-, en buena medida esta tendencia recobró fuerza a partir del año 2003. Mientras que en 1998 se derogan estas leyes, recién en “agosto de 2003, el Congreso argentino declaró <insanablemente nulas> las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, mientras que la Corte Suprema ratificó la anulación al declarar su inconstitucionalidad en junio de 2005. A partir de este fallo la situación legal se retrotrajo a la existente en 1986, cuando se sancionó la ley de Punto Final, lo que propició la reapertura de numerosas cusas que habían quedado paralizadas en los años 80, como así también el inicio de nuevas investigaciones que se habían interrumpido a partir de la sanción de ambas leyes” (Battaglino, 2011).
Mientras las “leyes de perdón” fueron condición de posibilidad de la aparición de un Bussi “republicano”, la reversión judicial a partir de 2003 sepultó la posibilidad del represor de seguir participando en el juego democrático. Con la anulación por parte del Congreso y la posterior intervención de la Corte Suprema “se recuperó, después de muchos años, la idea inicial, esbozada en el comienzo de la transición a la democracia, de aplicar la juricidad para resolver la cuestión militar” (Diamint, 2008).
Bussismo: las condiciones necesarias de su emergencia, ¿y después?
Si aceptamos que la historia acá relatada refleja las condiciones necesarias, resultaría de utilidad indagar cuáles fueron las condiciones suficientes para el éxito del bussismo en Tucumán a lo largo de dos décadas, al menos: ¿El éxito electoral se debió a la gestión “eficientista” de Bussi durante la dictadura (obras y orden público)? ¿Cuál fue el rol del electorado que venía apoyando a la Unión Cívica Radical? ¿Apoyó masivamente — como opción no peronista- a Fuerza Republicana? ¿Qué factores explican que en la provincia se haya pasado de la experiencia bussista a una mayoría que votó al kirchnerismo? ¿Será solo la economía, estúpido?
Como boton de muestra rescatamos lo siguiente: en una primera aproximación sobre las bases sociales del bussismo, para las elecciones de 1991, Gerardo Adrogué destaca como el voto al partido de Fuerza Republicana cruza de manera bastante pareja las diversas clases sociales, en contraposición con las otras experiencias de ex militares en esas elecciones.
Teniendo en cuenta los últimos resultados, ¿es esperable que el partido se mantenga vigente? Estas y otras preguntas, cuyas respuestas quedan pendientes, pueden ofrecernos indicios sobre el electorado bussista: condición suficiente de su éxito electoral y su eventual capacidad de supervivencia.
