"Acá va a terminar resultando algo que no es bueno para los vecinos de Neuquén"
El terreno sobre el que se emplaza la ex U9 es un escenario de disputa entre los tres niveles del Estado y el destino final de esas tierras es, desde hace tiempo, un gran interrogante. El 13 de abril del año 2018, el gobierno nacional cedió el predio en cual funcionó la Prisión Regional de Sur-Unidad 9. Con el correr de los meses se evidencia que estos intereses contrapuestos impiden el aprovechamiento integral de esas tierras por parte de la ciudadanía. Esta situación se observa en las declaraciones de los concejales María Eugenia Ferraresso (MPN) y Francisco Sánchez (PRO).
Mientras que el gobierno provincial insiste en un desarrollo integral del predio con participación ciudadana, el municipio se ocupa de la apertura de calles y Nación plantea un proyecto de desarrollo inmobiliario.
La concejala Ferraresso comentó como fue el comienzo de su propuesta , y sostuvo que no está de acuerdo con la puesta en valor de tierra pública a través de desarrollos inmobiliarios. Además, propuso que "la intervención en el espacio público se aborde como un todo, acompañada por lo que establece el plan urbano ambiental" y sentenció "tenemos que hacer la ciudad para todos, planificar es mirar la cosa pública".
Por su parte, el concejal Sánchez manifestó que hay otros lugares para desarrollar espacios verdes, por ejemplo 127 hectáreas.
Explicó que, según el código de edificación, el predio es una zona especial; en tanto que deja de ser una prisión federal y comienza a regirse por el código municipal y aclaró que "al municipio lo que más le interesa es avanzar en la apertura de calles". Sánchez también afirmó que la provincia “está detrás de un lema” al emitir su opinión respecto de la convocatoria provincial a una encuesta para definir el destino del sector intramuros del predio y sostuvo que el gobierno provincial es propietario de numerosos terrenos que pueden destinarse a la realización de espacios verdes.
Por otro lado, el edil defendió el desarrollo inmobiliario que desea llevar a cabo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en las 5 hectáreas que aún administra este organismo y afirmó que dicha iniciativa redundará en beneficios para todos los vecinos puesto que “habrá muchos propietarios, gente que quiera invertir en una vivienda propia y que pagará los impuestos locales de la ciudad”.
Por otro lado, fue tajante al afirmar que “la provincia no tiene capacidad para hacer nada por sí misma porque la han endeudado, la han financiado con las administraciones públicas” y sostuvo que debería ser el municipio que administre esas tierras. Sánchez también indicó que “Las ciudades crecen en base a inversiones privadas, no de inversión del Estado”.
Ante las disputas presentes en los distintos estados gubernamentales Sánchez realizo una autocrítica: "Acá va a terminar resultando algo que no es bueno para los vecinos de Neuquén" concluyó.
Si bien a ambas jurisdicciones le corresponden porciones determinadas del terreno, el defensor Repetto entiende que, en realidad, la totalidad del predio de la U9 debería quedar en manos del gobierno provincial.
Mientras avanza la apertura de calles por parte del gobierno municipal, la administración provincial indicó que el uso de las hectáreas bajo su control se definirá a través de un concurso publico en diciembre y manifestó coincidencias con el fallo de la jueza Pandolfi, quien instó a las partes a llevar a cabo una audiencia pública para dar a conocer los proyectos acerca del aprovechamiento del predio. El destino de esas tierras sigue siendo una incógnita.
