Alquimistas de la transparencia en Paraguay
Cómo están utilizando los ciudadanos las contrataciones abiertas para mejorar el gasto público
La ministra de educación de Paraguay, Marta Lafuente, anunció su renuncia el 5 de mayo de 2016, al mediodía.
Probablemente nunca pasó por su cabeza que podía perder su trabajo, al menos no por algo aparentemente tan trivial como una factura de catering.
A continuación, la historia de cómo la información sobre esos contratos desenterró un verdadero “escándalo de gastos”, que desencadenó una investigación formal, sometimiento al escrutinio público e indignación entre los estudiantes, que se habían cansado de lo que percibían como una mala gestión recurrente en sus escuelas.
El 11 de marzo de 2016, el Ministerio de Educación aprobó un contrato de catering para una reunión con un grupo de evaluadores internacionales: habría un buffet frío, fruta fresca, aperitivos salados, bebidas calientes y frías; y equipo de audio para los intérpretes. La transacción debería haber sido una compra común y corriente; sin embargo, un periodista que tuvo acceso a los documentos de la contratación notó que algunos de los artículos tenían precios exorbitantemente altos.
La portada del periódico local “Ultima Hora”, del día 28 de marzo, decía: “El Ministerio de Educación adjudica botellitas de agua a 10.000 guaraníes y cocido negro a 80.000 guaraníes”. El ministerio iba a pagar 200 millones de guaraníes (alrededor de US$35.000) por los refrescos, con algunos de los artículos más caros, como las botellas de dos litros de té mate, conocidas como “cocido”, a un valor de más de US$14 cada una y las botellas de medio litro de agua por más de US$1,70 cada una (valor que correspondía a seis veces el precio de venta promedio en un supermercado paraguayo).
La reacción pública fue inmediata. La gente se burlaba del Ministerio de Educación publicando memes en las redes sociales. Los estudiantes entregaron los mismos bienes mencionados en el contrato con la institución, los que compraron en el supermercado por una fracción del precio.
Al principio, la ministra de Educación desestimó las críticas, con la justificación de que el gasto se había realizado siguiendo los procesos estándar de adquisición; sin embargo el acuerdo fue cancelado al corto tiempo debido a la presión pública. Además, la polémica evidenció un descontento generalizado de la ciudadanía con el estado del sistema educativo de Paraguay, que se venía dando hace un buen tiempo.
Estudiantes y profesores protestaron durante un mes, argumentando que tenían ocho razones para hacerlo. Entre ellas se encuentran la mala administración de los fondos públicos en el escándalo “Cocido de oro”, así como la falta de un diálogo serio con todos los sectores de la comunidad educativa, la peligrosa infraestructura de las escuelas, la baja inversión del gobierno en educación (no más del 3,9%) y el pobre desempeño de Paraguay en los rankings educativos.
Lo anterior, sumado al colapso del techo de aula en una escuela secundaria en Lambare — una ciudad cercana a la capital, Asunción — fue la gota que rebalsó el vaso. Los estudiantes se declararon en huelga, ocupando más de 100 escuelas y boicoteando las clases hasta que la ministra de Educación presentó su renuncia.
El escándalo le costó a Lafuente su trabajo y llevó al presidente Cartes a firmar un acuerdo conjunto con los grupos de estudiantes, en el cual prometía acelerar el financiamiento para mejorar la infraestructura escolar, darles un cargo consultivo en el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), y establecer una reunión mensual entre el Gobierno y los representantes estudiantiles.
Miles de estudiantes participaron en las manifestaciones, exigiendo mejores escuelas y educación, lo que hubiera sido inimaginable para la generación de sus padres, quienes crecieron bajo la dictadura de Stroessner.
Esto no se trataba de una demostración estudiantil aislada. El escándalo del “Cocido de oro” es visto como parte de un movimiento juvenil bien organizado y bien informado que ha surgido en Paraguay durante los últimos años. Una controversia igualmente dramática que involucró presunta corrupción y nombramientos injustos de personal en una de las principales universidades públicas del país derivó en la renuncia del canciller y otros altos funcionarios en septiembre de 2015. Tanto los estudiantes de secundaria como los universitarios, al parecer ya no están dispuestos a tolerar el despilfarro y la corrupción en el gasto público, que se pueden considerar una especie de herencia de los 35 años de gobierno autoritario. Ellos esperan que su gobierno sea más abierto y responsable, y que los procesos de toma de decisiones públicas sean más inclusivos y democráticos.
Gracias a las iniciativas gubernamentales que han tratado de dar a los ciudadanos un mayor acceso a la información sobre instituciones públicas, estos estudiantes, junto con periodistas de investigación y otros grupos de la sociedad civil, están comenzando a participar activamente en asuntos cívicos.
Gracias a las iniciativas gubernamentales que han tratado de dar a los ciudadanos un mayor acceso a la información sobre instituciones públicas, estos estudiantes, junto con periodistas de investigación y otros grupos de la sociedad civil, están comenzando a participar activamente en asuntos cívicos. Al conocer los datos, pueden basar sus recomendaciones en pruebas empíricas sobre políticas y procesos gubernamentales, cómo se implementan y si están funcionando o no.
A la cabeza del pelotón está la oficina de adquisiciones públicas del país, que dirige un portal que se ubica entre las fuentes de datos gubernamentales más abiertas del mundo. Junto con información sobre presupuestos, nóminas de los organismos públicos y otros datos del gobierno, esto ayuda a los paraguayos a encarar algunos de los mayores problemas que el gobierno enfrenta desde hace mucho tiempo, como la corrupción, el sobreprecio, el nepotismo y el tráfico de influencias.
Cómo ganaron terreno en Paraguay los datos abiertos
Siendo un país pequeño, sin salida al mar, con una economía de 27.500 millones de dólares, podría, sin duda, sorprender a muchos que Paraguay haya tenido uno de los sistemas de adquisiciones más transparentes desde principios de los años 2000.
Las primeras de las amplias reformas de Paraguay se efectuaron en 2003 para erradicar la desenfrenada corrupción de aquel entonces. Las adquisiciones, que hasta entonces no se habían regulado, eran vistas como una ruta fácil para el enriquecimiento del partido gobernante, cuyos miembros tenían vínculos con el ex dictador del país, Alfredo Stroessner. El favoritismo en el servicio civil también era regular. Las investigaciones hechas concluyeron que la contratación en base a méritos era casi inexistente en las instituciones públicas de Paraguay antes de 2003; de hecho, bajo la presidencia de Nicanor Duarte, la contratación meritocrática se practicó en alrededor del 2% de los nombramientos de cargos públicos. Esa cifra subió a un 26% bajo el gobierno de su sucesor, Fernando Lugo. Una nueva ley, aprobada en 2003, modernizó la adquisición pública con la introducción de un sistema transparente de licitaciones en las instituciones públicas y la creación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como organismo de monitoreo para supervisar los procesos de adquisición y publicar información en línea sobre todos contratos.
Paraguay se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), en 2012, como una forma de consolidar su compromiso de promover la transparencia en las instituciones públicas, incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, luchar contra la corrupción y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.
Pero no fue hasta 2014 que el trabajo de Gobierno Abierto realmente ganó impulso. Hubo un cambio de gobierno en 2013 y la nueva administración, impulsada por representantes de la sociedad civil y reformadores dentro del sector público, buscó mejorar el clima de inversión con una serie de medidas relacionadas con la competencia y transparencia en las nóminas y bienes de la administración pública.
Una campaña llevada a cabo por casi diez años por José Daniel Vargas-Téllez — locutor radial de una pequeña estación comunitaria de Asunción — y otros defensores del derecho a la información culminó con la aprobación de una nueva ley de acceso a la información pública en el congreso (Ley 5282, de “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”), que establece el derecho a solicitar información y establece requisitos mínimos para la información que deben publicar diversas instituciones gubernamentales (en la práctica, en sus sitios web).
Ese mismo año comenzó el proceso para elaborar el segundo plan de la Alianza para el Gobierno Abierto. Su enfoque: compromisos sobre transparencia, tecnología y datos abiertos en línea con la implementación de la nueva ley de acceso a información.
El plan 2014–2016 tuvo más éxito porque comenzó con un nuevo gobierno, dice Federico Sosa, Director General de la Unidad de Gobierno Abierto de Paraguay. “El personal técnico y el personal directivo de nivel medio se sintieron protegidos y podrían aprovechar el proceso para proponer lo que parecían reformas técnicas con impactos significativos de la rendición de cuentas pública”, explica. El segundo plan se convirtió en “una salida efectiva” para los esfuerzos de la nueva administración para combatir la corrupción y aumentar la transparencia.
“Creo que las estrellas, en cierta medida, se han alineado: tienen un gobierno cada vez más reformista que emplea estructuras basadas en el mérito para traer empleados del sector público más empoderados, tecnocráticos y enfocados, que tienen las herramientas autosuficientes para poder llevar a cabo estas reformas “, dijo Sosa.
El enfoque conocido como “contratación abierta” resultó ser un ajuste perfecto para los cambios que el gobierno trataba de hacer al sistema de adquisiciones como parte de estas reformas de la Alianza para el Gobierno Abierto. Su objetivo es hacer que la mayor cantidad de información sobre adquisiciones esté disponible para el mayor número posible de personas de la manera que sea más útil para ellos. Se basa en la creencia de que una mayor divulgación y participación en las contrataciones públicas ayudará a que los contratos sean más competitivos y justos, mejorará el desempeño del contrato y asegurará los resultados del desarrollo. Aunque parezca algo técnico a cierto nivel, puede tener un profundo impacto en la rendición de cuentas pública.
Santiago Jure, director de la DNCP destaca que “la adopción de las contrataciones abiertas significó para la DNCP la renovación de un compromiso asumido desde la creación misma de esta institución, una apuesta por la transparencia y el acceso a la información. El esfuerzo por difundir esta gran cantidad de información en formato abierto ha mejorado sustancialmente los canales de acceso público a información relevante sobre las adquisiciones públicas, creando y fortaleciendo los mecanismos de monitoreo externo por parte de la sociedad civil.”
¿Qué, cuándo, a quién y cuánto? Paraguay presenta el Estándar de Datos de Contratación Abierta para abrir sus contratos
Publicar información es una cosa; conseguir que la gente la use es algo completamente distinto. A pesar del creciente acceso a los datos gubernamentales durante más de un decenio (el primer portal en línea público de la agencia fue lanzado en 2004), la DNCP se dio cuenta de que las únicas personas que realmente utilizaban la información eran proveedores, economistas y expertos informáticos.
También se dieron cuenta de que muchas agencias estaban gastando demasiado en compras cotidianas como alimentos y suministros de oficina. Básicamente, nadie estaba registrando lo que había sucedido con los US$2,4 mil millones gastados en más de 10.000 contratos por año. Necesitaban un sistema que fomentara una mayor rendición de cuentas por parte de los organismos gubernamentales, alentando a los grupos no especializados, como los periodistas, la sociedad civil y los ciudadanos, a involucrarse más en el escrutinio del gasto público.
Juan Pane fue una de las personas incorporadas para implementar las reformas del gobierno abierto. Experto en informática con experiencia en trabajar con datos abiertos en Italia, Pane fue contratado para dirigir la implementación técnica de los sistemas de datos abiertos del gobierno, como parte del Programa de democracia y gobernabilidad, una colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales y Sociales sin fines de lucro (CEAMSO) e instituciones gubernamentales clave, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Al trabajar con la DNCP, Pane investigó, explorando los modelos existentes para publicar los datos de adquisiciones en España, la UE, EE.UU. y Reino Unido. Pero era un marco en fase beta, llamado el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS por sus siglas en inglés), el que le parecía más atractivo.
“Paraguay comenzó a implementar el estándar que estaba en fase beta y todavía no era un estándar.” Pane said. “Se tomó la decisión de publiar datos abiertos en las compras públicas, y este era la mejor solución tecnológica. Estaba bien estructurado, así que era mucho más simple para operar, te decía qué publicar y cómo publicar y eso hacía la diferencia.”
El OCDS formó las bases sobre las cuales se construyó el nuevo portal de contratación abierta, completamente transparente, de la DNCP. La interfaz fácil de usar, que enlaza con la base de datos centralizada de adquisiciones de la DNCP, permite a los usuarios buscar información detallada sobre todas las licitaciones y contratos otorgados por las instituciones gubernamentales nacionales y municipales desde 2010. El portal se sincroniza automáticamente con la base de datos en tiempo real, los datos son legibles por máquina y una API permite a los usuarios crear nuevas aplicaciones para reutilizar los datos y combinarlos con otros conjuntos de datos.
Este sitio de contratación abierta complementa las otras herramientas de la DNCP, incluyendo un portal de adquisiciones públicas adaptado a las necesidades de compradores y proveedores, Qué Compramos (que muestra datos sobre adquisiciones públicas en visualizaciones fáciles de entender), E-jogua ( una tienda virtual para ciertas adquisiciones públicas), y un módulo estadístico que analiza los datos para informar las decisiones estratégicas de alto nivel, entre otros.
Durante los últimos dos años, varias herramientas en línea de la DNCP se lanzaron (como el portal de contratación abierta) o se rediseñaron (como el portal de contratación pública). En ese momento, se había producido un notable aumento de los ahorros en costos de adquisición (1,4% de 2015 a 2016, lo que, dado el tamaño del presupuesto de adquisiciones, es una suma bastante significativa). Los ajustes y modificaciones a los procesos de contratación han disminuido de un 19% en todos los contratos en 2013 a solo el 3% en 2016. Las visitas al sitio web del portal de contratación pública aumentaron en un 32%; de 2,5 millones en 2015 a 3,4 millones en 2016.
El lanzamiento de las últimas herramientas no parece haber tenido una influencia significativa en la competencia, pero los proveedores ya han estado utilizando las herramientas de adquisición en línea del gobierno durante una década; desde 2007, las empresas deben registrarse en línea con la DNCP para participar en licitaciones públicas. El número de proveedores ha aumentado constantemente a lo largo de los años, con más de 21.000 empresas registradas en la base de datos de adquisiciones a partir de julio de 2017.
La DNCP notó un rápido aumento de artículos en la prensa sobre compras públicas después de visitar empresas de medios de comunicación y enseñarles cómo usar el nuevo portal de contratación abierta.
Juan Cálcena Ramírez, periodista del periódico ABC Color, quien trabajó en la exposición de los Panamá Papers, dijo que el valor de los datos abiertos, como los datos sobre adquisiciones, es que abre la puerta para hacer más investigaciones.
“Lo que buscamos los periodistas a través de estos datos abiertos es encontrar cuestiones que están mal hechas o pueden significar un perjuicio al dinero público,” he said. “Otra de las cosas que generó fue la apertura de una fuente oficial, relativamente confiable, para los trabajos periodísticos.”
El poder de los datos abiertos también es que se pueden conectar diferentes conjuntos de datos para obtener información significativa. Pane describe esto usando la analogía de un pastel.
“La definición en cristiano de los datos abiertos, es que se trata de información que puedo agarrar, utilizar y procesar muy fácilmente. Es básicamente lo que uno saca, los datos crudos, números que están en tablas, que sumando restando, saco la información que me interesa. Son como ingredientes que se pueden utilizar para hacer otras cosas,” he said.
“El impacto [de las contrataciones abiertas] fue inmediato,” dijo Melinna Vázquez, quien es responsable del gobierno abierto y las comunicaciones en la DNCP.
“Antes de la puesta en marcha del sistema, generalmente un día antes ya sabíamos lo que iba a salir en el periódico porque llamaban y pedían la información, quiero saber cuánto gastó el Ministerio en kits escolares nos preguntaban y nosotros le preparábamos un Excel y se lo enviábamos y ahora ellos sólo se gestionan y lo hacen usando el portal. La cantidad de artículos relacionados a las compras públicas creció bastante también,” dijo Vázquez
Los desafíos clave de ser pioneros en la implementación de datos de contratación abierta van desde cosas básicas como traducir los términos en inglés al español hasta el buscar la respuesta a otro tipo de interrogantes más complejas, como por ejemplo: ¿Cómo integrar los datos existentes en Paraguay al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas? ¿Qué sucede cuando un punto de datos no existe? ¿Cómo se sumaría esta información?
La presentación de la información en un formato abierto, en lugar de PDF o software propio (o peor aún, copias impresas en papel) aumenta sus potenciales aplicaciones. “Es como pedirme que cave una piscina olímpica y darme una excavadora en lugar de una cuchara”, dijo Pane, “Si la información está en tablas que se pueden procesar, haré el mismo trabajo mucho más fácil y rápidamente”.
“Es como pedirme que cave una piscina olímpica y darme una excavadora en lugar de una cuchara.”
La participación de una comunidad más amplia en ese trabajo de “excavación” fue uno de los objetivos del nuevo portal de contratación abierta de DNCP, desarrollado en 2014.
De hackathon a negocio incipiente
“La diferencia era que antes del 2014 nuestros datos eran abiertos pero no eran procesables, con los datos abiertos conseguimos que cualquier ciudadano, cualquier proveedor, cualquier start-up pueda desarrollar su propio sistema con esos datos,” dijo David Rees de la DNCP.
Los Hackathons han sido una cuna para el desarrollo de herramientas públicas que se basan en los datos para usos prácticos.
“Queremos generar valor agregado a partir de lo que ya se liberó. Identificar necesidades que se pueden resolver con esos datos,” explica Gabriela Gaona, quien dirigió el equipo que desarrolló una aplicación para Android y iPhone que utiliza datos abiertos en tiempo real. En diciembre de 2014, la aplicación ganó un hackathon (organizado como parte del mismo programa que financió varios portales de datos abiertos del gobierno) y sirvió de inspiración para otras herramientas construidas para el Ministerio de Salud y otras instituciones públicas. Gaona y su equipo utilizaron el premio de US$10.000 del concurso para formar una nueva empresa, Codium, que recientemente se mudó a una nueva oficina inteligente en el corazón de la capital, Asunción. Lo que comenzó como una colaboración de ocho desarrolladores y un administrador, ahora pertenece al grupo de empresas propiedad de mujeres, y ya cuenta con 17 empleados y ganancias de más de $ 200,000.
Una de las principales ventajas de las últimas herramientas de adquisición de la DNCP es que la información está disponible en tiempo real, lo que permite a los ciudadanos analizar el gasto público y reportar las compras despilfarradoras antes de que los acuerdos sean establecidos.
Una era de oro para las investigaciones
Juan Carlos Lezcano, periodista de ABC Color, utilizó documentos de contratación publicados en línea por la DNCP para revelar que la policía federal había comprado 10 sillas de oficina, utilizando 46 millones de guaraníes (alrededor de US$8.000) destinados a la reparación de infraestructura.
René González, el reportero que realizó la investigación “Cocido de oro”, utilizó las herramientas en línea de la DNCP para su investigación. Fue capaz de acceder a todos los datos sobre el contrato de restauración y los precios de los licitadores no seleccionados. Los portales de datos del gobierno continúan siendo un valioso recurso para el periodista de “Última hora”.
“Los datos abiertos se fueron moviendo mucho gracias a la ley aprobada. Es fundamental para nosotros que en contrataciones esté toda la información,” González said.
“Ahora si, sería bueno que las instituciones estatales tengan todo la información de forma proactiva y en tiempo razonable en sus páginas web.”
De la apertura de datos a la mejora de la política de adquisición pública
Los escándalos recurrentes como “el cocido de oro” y “las sillas de oro”, impulsaron a la agencia de adquisiciones a adoptar una serie de nuevas políticas para todo el Gobierno en 2016, para combatir los sobreprecios.
“A su vez, esta mayor participación activa de la sociedad civil (incluyendo a la prensa) ha permitido que la institución, como ente regulador de las compras públicas, identifique oportunidades para el desarrollo de nuevas políticas, normativas o instrumentos de gestión tendientes a optimizar el sistema nacional de compras públicas,” dijo Jure, director de la DNCP.
Las resoluciones requieren que las entidades contratantes proporcionen una mejor y más actualizada información de precios para usar como referencia al evaluar las ofertas, se mejore el proceso para determinar las estimaciones de costos y se especifique el rango máximo permitido al comprar bienes. A pesar de que es difícil atribuir el cambio a un factor en particular, se cree que estas resoluciones contribuyeron de manera importante al aumento significativo de ahorros en los contratos en los últimos dos años (8,3% en 2016 y 8,7% a julio de 2017, frente al 6,8% en 2015).
“Hoy en día, los compradores públicos están más preocupados de tener un mejor precio. Están aprendiendo como mejor manejar el dinero público. Si un precio no tiene sentido, re-evaluan o posponen el proceso, o lo cancelan. De pronto abren un nuevo llamado. Porque si no lo hacen, viene la sociedad para pedir que les rindan cuentas,” said Vázquez from the DNCP.
Abogar por un mejor uso del dinero en la infraestructura escolar
En Ciudad del Este, la ONG reAcción utiliza conjuntos de datos del gobierno para monitorear cómo se asignan y gastan los fondos de desarrollo para proyectos de infraestructura escolar (del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo o Fonacide).
Durante los últimos tres años, el grupo ha vinculado datos publicados en el portal del Ministerio de Educación con los portales de la DNCP para mostrar que el dinero de Fonacide no va a las escuelas más necesitadas. Por ejemplo, en 2015, los datos de la DNCP mostraron que, entre los contratos que fueron adjudicados a 28 escuelas utilizando los fondos Fonacide asignados al municipio de Ciudad del Este, solo una de esas escuelas figuraba entre las 15 principales instituciones educativas en la lista de obras de infraestructura prioritarias; y tres de las 28 escuelas ni siquiera estaban en Ciudad del Este, sino en el municipio vecino, Presidente Franco.
También hubo una falta de comunicación con los administradores. Los directores entrevistados por los estudiantes voluntarios de ReAcción no sabían si estaban o no en la lista de prioridades, y muchas veces solo se enteraban de que les habían asignado fondos cuando los trabajadores se presentaban para hacer el trabajo en cuestión. En 2015, la mitad de las escuelas en la lista de prioridades no estaban ni siquiera en tierras pertenecientes al Ministerio de Educación, lo cual era, en primer lugar, un prerrequisito para ser elegible para los fondos.
ReAcción ha creado una metodología que podría ser replicada por grupos ciudadanos en escuelas de todo el país, según comenta David Riveros García (26), fundador y director ejecutivo de la organización. Un grupo de voluntarios, conformado por estudiantes de secundaria, realiza visitas en terreno, entrevistando a directores de escuelas y tomando fotos de las instalaciones, mientras que un segundo grupo, de estudiantes universitarios, trabaja con los datos abiertos de los portales del gobierno.
Cuando realizaron su estudio, antes de que se establecieran la ley de acceso a la información y los portales de datos abiertos, gastaron 2.600 dólares y tardaron ocho meses en llevar a cabo su monitoreo. Este año, les tomó dos semanas y alrededor de US$200–300.
Las mejoras en el portal del Ministerio de Educación (información más actualizada, menos errores en la introducción de datos, software no patentado) podrían reducir el tiempo a un fin de semana.
García dice que el portal de DNCP es el mejor portal abierto de datos que tiene Paraguay actualmente. “Si lo usas mucho, como nosotros, puedes ver que se han tomado el tiempo de detenerse a ver lo que está funcionando.”
El DNCP ha respondido a los comentarios de reAcción, agrega, añadiendo características adicionales al portal que facilitan la búsqueda específica de contratos Fonacide.
A pesar de las reformas, García dice que la transparencia y la apertura son solo el primer paso en la lucha contra la corrupción y que el gobierno debe hacer más para actuar sobre los resultados revelados por los datos.
“A pesar de que hay lugares, como la oficina de adquisiciones públicas, donde se publica mucha información y se facilita en formato de datos abiertos, todavía no hemos visto ningún seguimiento del gobierno para poner fin a la impunidad”, dijo.
La próxima meta: ampliar los datos y aumentar el uso
El gobierno reconoce que todavía hay un largo camino por recorrer en su búsqueda para abrir los datos públicos. Pocas instituciones han abierto sus bases de datos o han publicado sus datos en un portal abierto de datos, y el uso de los datos que se han publicado sigue siendo limitado, según un informe sobre el tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Los conjuntos de datos de prioridad no son accesibles de manera que satisfagan las necesidades de la sociedad civil, agrega el informe.
Y sin embargo, los primeros indicios de un cambio radical en la transparencia y la rendición de cuentas en Paraguay ya se están percibiendo. En poco tiempo, armados con el acceso a la información, los ciudadanos han comenzado a comprometerse con la forma en que el dinero público es y debe ser gastado.
El gobierno ahora está duplicando su estrategia de fomentar la participación pública, utilizando tecnología de vanguardia para aumentar el acceso de los ciudadanos a los datos sobre sus instituciones estatales. La salud, la educación y el gobierno a nivel municipal, y el gasto en adquisiciones en estas áreas están siendo priorizadas.
Desde abril de 2017, es obligatorio que cualquier persona que presente una queja sobre los procedimientos de adquisición lo haga electrónicamente, a través de la función de reclamaciones en el portal de contratación pública de la DNCP, lo que permite a los usuarios ver la naturaleza y el estado de todas las quejas.
Existen planes para mejorar los datos sobre el fondo de fomento Fonacide, vinculándolo con los datos de la DNCP, la Contraloría General y el Ministerio de Finanzas, y crear una función de monitoreo ciudadano con su propia aplicación móvil.
En noviembre, el Ministerio de Finanzas planea ampliar su publicación de datos abiertos para incluir enlaces a presupuestos y transacciones.
A través de reuniones del ayuntamiento para discutir los informes de auditoría del Gobierno, se fomenta la participación ciudadana y una mayor transparencia en el gasto público.
Más adelante, la DNCP estará preparada para crear cursos de capacitación “en lenguaje sencillo” sobre el uso de los datos y desarrollar un mapa interactivo de obras públicas adjudicadas, con la opción de que los usuarios puedan presentar quejas.
“Las oportunidades son infinitas”, dice Pane, el experto técnico, quien ahora trabaja para la Iniciativa de Datos Abiertos de América Latina (ILDA), que dirige el servicio de asistencia técnica de América Latina de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, asesorando a otros en la región sobre cómo implementar la contratación abierta.
Y aunque hay mucho trabajo por hacer, cuando se trata de abrir los datos de adquisiciones, señala Pane, Paraguay compite con gigantes globales como el Reino Unido y Estados Unidos, con una fracción de su PIB e inversión en transparencia. Es importante no olvidar lo lejos que el país ya ha llegado.
Los datos abiertos y la retroalimentación pública podrían ser elementos importantes para empoderar a los alquimistas de la transparencia de Paraguay para transformar las compras públicas aún más.
Escrito por Sophie Brown y Georg Neumann, con contribuciones de Melisa Martinez y Gerardo Miranda, M-Comunicaciones.
