Datos abiertos y acción colectiva: cómo los activistas estudiantiles ayudan a las escuelas desatendidas en Paraguay
Luiz Brizuela es un ambicioso estudiante de 17 años de la segunda ciudad más grande de Paraguay, Ciudad del Este. El recién graduado de secundaria sueña con estudiar ciencias políticas o diplomacia pública en una universidad en los Estados Unidos. Si bien a la mayoría de los estudiantes de su edad les resulta lo suficientemente desafiante obtener buenas calificaciones y decidir qué carrera seguir, Brizuela tiene otra pasión a la que ha dedicado innumerables horas fuera de clase durante los últimos dos años. Es voluntario de un movimiento de base dirigido por estudiantes, reAcción, que investiga los gastos del gobierno en infraestructura escolar y utiliza la acción colectiva para mantener el tema en la agenda pública de la ciudad.
Con la presión constante de la comunidad, ha habido una mejora sustancial en la forma en que se asignan los fondos para las instalaciones escolares en Ciudad del Este en los últimos tres años. Más del 80% de las escuelas más necesitadas ahora reciben fondos, en comparación con menos del 20% en 2015.
Brizuela se unió a reAcción después de reunirse con el presidente del grupo, David Riveros García (quien en ese entonces tenía 25 años) en un campamento de líderes en 2016. Él y otros estudiantes visitaron escuelas asignadas para recibir fondos del gobierno para reparaciones o renovaciones. Como alumno de la escuela más grande de la región, Brizuela se sorprendió de lo básicas que eran las instalaciones en otros lugares.
“Pensamos que teníamos necesidades, porque necesitábamos más sillas o más aulas”, nos dijo. “Pero cuando visitamos otras escuelas, nos dimos cuenta de que no necesitábamos este dinero. Hay una lista de escuelas priorizadas y esas son las escuelas que deberían recibir el dinero.”
Pero a menudo esas escuelas no lo eran. Cuando reAcción verificó las cifras oficiales del gobierno, menos del 20% de las escuelas seleccionadas para recibir fondos lo hicieron en la práctica (dos de las 12 escuelas que aparecieron en la lista de priorización en 2015).
En cambio, según descubrió reAcción, había fuertes indicios de que la política, en lugar de las necesidades, determinaba cómo se invertían los fondos. Una serie de escuelas recibió fondos en repetidas ocasiones, a pesar de estar clasificadas como con poca necesidad de reparaciones.
“Nos enteramos de que nuestras autoridades no asignan bien el dinero y no lo hacen de acuerdo con la ley”, dijo. Para las escuelas que se pierden, los estudiantes pueden quedarse en condiciones incómodas, insalubres o incluso peligrosas.
Una de las escuelas primarias que visitó Brizuela no tenía suficientes salones de clases ni agua potable. Usaban bolsas de arena para evitar que los terrenos de tierra se inundaran cuando llovía. Durante años, habían estado pidiendo algo aún más básico para construir: una cerca para el perímetro. Sin eso, el director le dijo a Brizuela, cualquier persona podría ingresar a los terrenos de la escuela, incluidos los alcohólicos que comprarían alcohol cerca y luego asustarían a los niños con su comportamiento agresivo. Una vez incluso rompieron una ventana.
“El director que nos contó esta historia estaba realmente asustado”, dijo Brizuela.
No hay escasez de otras historias de terror. Los techos se han derrumbado. Las escuelas sin cerraduras han sufrido robos y destrozos a sus muebles. Los contratistas han dañado la propiedad, dejando escuelas sin líneas telefónicas o ventiladores en las olas de calor. Los estudiantes deben usar baños de tamaño inadecuado o con inodoros rotos.
“Tratamos de que la gente sepa que esto está mal”, dice Brizuela, y agrega que el público rara vez escuchó sobre estas escuelas en el pasado porque generalmente están en áreas muy remotas.
Pero no se trata solo de la comunidad que queda en la oscuridad. Los administradores escolares a menudo son incapaces de actuar porque no saben si su escuela tiene derecho a recibir fondos, explica otro miembro de reAcción, Junior Sosa, de 17 años, quien es conocido entre sus amigos por hacer solicitudes de acceso a información en su tiempo libre.
“De todos los administradores de escuelas que visitamos [17 en total, de febrero de 2017 a marzo de 2018], sólo uno de ellos conocía su posición en la lista de priorización. Curiosamente, además de dirigir una escuela pública municipal, ese administrador era también el presidente de la junta de directores de educación de la región. Por lo tanto, conocía esa información porque era responsable de [elegir qué escuelas estaban en] la lista de priorización”, dijo Sosa.
En muchos casos, cuando las escuelas tienen trabajos realizados, los directores no tienen una copia del contrato, lo que les impide verificar si los contratistas cumplen con las especificaciones. Frecuentemente no saben cómo verificar en línea la información oficial del gobierno o no saben que existe.
“El Ministerio de Educación no capacita bien a los directores, maestros y estudiantes”, dice Brizuela. “No se aseguran de tener los recursos para conocer esta información. Hay algunas escuelas que ni siquiera tienen una computadora en su escuela “.
En su lugar, los aproximadamente 40 estudiantes de preparatoria y universidad que forman parte de reAcción han intervenido. Enseñan al personal, a los estudiantes, a las asociaciones de padres y a otros grupos como periodistas cómo encontrar la información que necesitan sobre la infraestructura a la que tienen derecho las escuelas para asegurar que los contratistas completen el trabajo. También explican las regulaciones para que la comunidad tenga el poder de exigir una mayor responsabilidad de las autoridades.
Cada año, el grupo escribe un informe que analiza las tendencias generales en la distribución de los fondos de Fonacide, el fondo nacional que financia la infraestructura escolar local, los proyectos de desarrollo y otras inversiones públicas con regalías de la represa hidroeléctrica de Itaipú en Paraguay. Preparan recomendaciones para mejorar e invitan a todos a una presentación sobre sus hallazgos.
El análisis lo realizan los estudiantes universitarios, liderados por el personal de reAcción, que recurren a datos oficiales de las plataformas administradas por el gobierno que se crearon en los últimos años a partir de reformas de gobierno abierto y acceso a la información, y que apuntan a hacer que los datos públicos sean más accesibles y útiles.
El más sofisticado de estos es el portal de contratación pública, que estructura datos y documentos importantes sobre contratos en un formato abierto y estandarizado denominado Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas. Desde su lanzamiento en 2015, el Ministerio de Finanzas ha conectado información sobre pagos, permitiendo a los usuarios realizar un mejor seguimiento de los flujos de dinero.
En 2016, un decreto ejecutivo obligó a los municipios a publicar información sobre Fonacide. reAcción comenzó a monitorear los fondos de Fonacide designados para infraestructura escolar en 2013, antes de que estuvieran disponibles las plataformas digitales, pero los datos han hecho que su monitoreo sea más rápido y más eficiente en los años subsiguientes. (Consulte la metodología de reAcción para obtener más información sobre cómo realizan su análisis).
“Teníamos dos años de experiencia haciendo preguntas para cuando los datos estuvieron disponibles”, dice Riveros García. Ya había un acuerdo en el equipo sobre cómo obtener contratos, dice, pero podría llevar meses obtener un contrato a través de las solicitudes de acceso a la información. Con los portales digitales, pueden analizar numerosos contratos y otros datos de contratación y relacionarlos con los datos del Ministerio de Educación para producir sus informes de monitoreo en cuestión de semanas.
Antes de la ley de acceso de información y que se establecieran los portales de datos abiertos, el costo para reAcción de conducir el monitoreo era de US$2,600 y se demoraba ocho meses. En el 2017, se demoró dos semanas y entre US$200–300.
Ahora, la municipalidad está poniendo atención
Los datos abiertos han hecho que el proceso sea más rápido, pero la presión pública de la comunidad es la razón principal por la que el municipio está prestando atención al fondo Fonacide, dice Riveros García.
“Los datos se convierten en una herramienta para traducir esa situación en algo que pueda ser respaldado por evidencia desde el portal de contratación abierta. Enviándolo al público se puede aprovechar el movimiento detrás de ello”.
Aunque la respuesta a reAcción de algunos funcionarios del gobierno local ha sido negativa, acusando al grupo de promover información falsa y servir a intereses extranjeros, este ha tomado medidas: el número de escuelas que se benefician de Fonacide en general se ha duplicado y el gobierno ha aumentado su inversión en las escuelas priorizadas. El año pasado, los fondos se destinaron a más del 80% de las escuelas (10 de 12) en la lista de priorización.
En comparación, en la ciudad capital, Asunción, donde no se realizó ningún monitoreo por medio de reAcción, sigue existiendo una gran disparidad entre las escuelas destinadas a recibir fondos de Fonacide y las que se beneficiaron de ellas en la práctica. Esto es a pesar de que Asunción es el centro administrativo del país donde las iniciativas de gobierno abierto, como las aplicaciones y los portales de datos abiertos, se promueven en gran medida.
reAcción no tiene los recursos para monitorear más allá de Ciudad del Este, pero han desarrollado una metodología que podría ser replicada por grupos locales en otras partes de Paraguay.
Al reconocer la importancia de la participación de la comunidad (un componente central de la contratación abierta), reAcción ayudó a los ciudadanos incluso cuando sus quejas no eran específicamente acerca de Fonacide, porque sabían que esto brindaría un beneficio a su trabajo a largo plazo.
“No sabíamos que teníamos derecho a solicitar esa información”, observa Perla Quiroga, una estudiante de arquitectura que ha ayudado a procesar los números de las investigaciones. “Estamos generando una influencia positiva en los otros jóvenes; una actitud firme contra la injusticia.”
Su apuesta está empezando a dar sus frutos. Las personas capacitadas por reAcción están utilizando las habilidades para interrogar a los contratistas y autoridades. Los periodistas ahora están llevando a cabo sus propias investigaciones. Por ejemplo, revelaron que la mayoría de las compañías que reciben contratos en realidad habían sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contratación Pública, DNCP. Sus dueños también eran amigos íntimos del alcalde.
“Nos dimos cuenta de que no había manera de solucionar esto si no íbamos más allá del individuo y creábamos algo más grande; para convertirse en una plataforma para que los jóvenes líderes tomen la lucha y crezcan en su liderazgo”, dijo Riveros García.
Todavía puede pasar mucho tiempo antes de que las autoridades investiguen las irregularidades y se responsabilicen de la educación y el bienestar de los estudiantes en Ciudad del Este, pero eso no debilitará el compromiso de reAcción de capacitar a los ciudadanos para hacer oír su voz.
“No importa si eres joven o viejo, o un hombre o una mujer, o cuál es tu religión o tu sexualidad”, dice Brizuela. “Puedes mover a la gente y puedes aprender sobre el liderazgo; puedes hacer cosas por ti mismo y hacer que el lugar donde vives sea mejor.”
Recursos adicionales:
Resultados del próximo informe de monitoreo de Fonacide de 2018, blog publicado el 14 de noviembre de 2018. Informe completo de 2018.
Informe de seguimiento de Fonacide 2017
Datos y documentos utilizados por reAcción para producir el informe de monitoreo de Fonacide 2017
